3 setembre, 2021 / Buscar y cambiar de escondite para no ser encontrada es el reto diario de las casi 270 mujeres juezas que hay en Afganistán, sobre todo después de la retirada americana. "Ellas simbolizan todo lo que los talibanes odian, todo lo que los talibanes no quieren que las mujeres sean ni hagan", señala la magistrada de lo penal Lucía Avilés, de Mataró (Barcelona), experta en violencia de género y una de las que más está ayudando a visibilizar la vulnerabilidad de estas juezas que han quedado desprotegidas.

¿Se sintió impactada al ver como el cuerpo jurídico afgano se derrumbaba como un castillo de naipes y arrastraba a las mujeres juezas?

La verdad es que sí. Como jueza formo parte de una comunidad jurídica internacional y me sentí muy pronto interpelada ante la magnitud de los acontecimientos. Pensemos que Afganistán es el peor país del mundo para nacer y ser mujer. Si además son juezas están en riesgo ellas y sus familias. Ellas simbolizan todo lo que los talibanes odian, todo lo que los talibanes no quieren que las mujeres sean ni hagan. No solamente porque han ejercido públicamente sus funciones, sino porque son mujeres que han estudiado, se han relacionado con hombres y han defendido los derechos humanos de otros compatriotas haciendo de eslabón entre los tribunales y las zonas rurales. Ante esta situación dramática la comunidad jurídica internacional debe alzar la voz. Las sentencias de estas juezas ya están siendo revocadas estos días a golpe de pistola y ellas han lanzado un llamamiento ante el temor que tienen de ser ejecutadas.

Usted es fundadora de la Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE) y, por ende, miembro de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas (IAWJ) ¿Qué contacto tienen?

Son un colectivo con una presencia casi testimonial en la judicatura afgana pero tenemos mucho contacto con ellas. La implementación en clave de género de la magistratura se produjo cuando Afganistán, que tenía firmada desde 1980 la convención CEDAW –eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer–, la ratificó en 2003 como exigencia occidental. Hasta entonces no había ninguna mujer en la judicatura. Aunque falta un censo oficial sabemos que son unas 270 mujeres juezas, es decir un 11% de la judicatura afgana, la mayor parte en Kabul, con 225 mujeres, 21 en Herat, 11 en Mazar-e-Sharif y el resto en otras provincias. Su cargo, lejos de ser un privilegio, las hace fácilmente identificables puesto que sus sentencias han sido públicas igual que sus nombres con las que las rubricaron. Las mujeres durante estos veinte años no han estado nunca emancipadas, ni para firmar un papel, ni para viajar, ni para cualquier acto médico. Siempre han necesitado la aprobación de un varón. Ahora se dice que las mujeres durante este tiempo habían alcanzado un montón de derechos y que ahora llegan los talibanes y se los quitan. Yo puedo decir que durante estos años la situación de las mujeres ha sido miserable. Desde el punto de vista jurídico ni siquiera son consideradas como sujeto de derecho. Son objetos de derecho para dar cuenta de su inferioridad.

¿Cómo las están ayudando?

A través de ayuda financiera con la canalización de donativos, también a través de la construcción de una red de contactos jurídicos, políticos e institucionales y, finalmente para poder reconstruir su vida con el denominado housing para alojar de forma segura a las juezas y a sus familias cuando llegan a los países de acogida hasta que ellos puedan encontrar alternativas en su vida familiar.

"Las sentencias de estas juezas ya están siendo revocadas estos días a golpe de pistola"

El presidente Sánchez ha anunciado una segunda fase de ayuda para las personas que se han quedado en Afganistán. ¿Las juezas afganas deberían estar en este colectivo?

Ellas no gozan de un estatuto especial de protección como sí ha sucedido con el personal colaborador, las fuerzas extranjeras, los periodistas, intérpretes y otros profesionales. Pero sí que debieran poderse equiparar y esto es lo que están pidiendo a través de la IAWJ que agrupa a unas 6.500 juezas implantadas en 100 países. Dado que las juezas afganas han formado parte de este poder judicial en construcción, pero existente en Afganistán, deberían ser tenidas en cuenta por la comunidad occidental y, sobre todo, por España. Las juezas, dado que son perseguidas de manera reiterada y grave, en mi opinión, esto debería darles una vía para poder solicitar protección internacional. En nuestro ordenamiento jurídico, por la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, podrían gozar de protección internacional debido a la persecución por razón de género.

¿Qué cree que podría ofrecer España?

Creo que debe valorarse positivamente el acogimiento y la solidaridad de España y que haya puesto a disposición la base de Torrejón de Ardoz. Espero que la coordinación que han acordado los ministros del Interior europeos evite repetir con Afganistán la crisis de 2015, motivada por la guerra civil en Siria. En aquella ocasión la Unión Europea (UE), lejos de estar a la altura de las circunstancias, hizo gala de una posición muy insolidaria. España ahora debería ofrecer una protección adecuada a quienes han ejercido funciones públicas en Afganistán. A las juezas que han estado al frente de la batalla y han ejercido un papel fundamental en todo lo que respecta a la garantía del derecho a la justicia de las mujeres afganas. Desconocer este papel fundamental que han desempeñado las juezas implicaría no solamente la vergüenza de España, sino de todos los países que forman la UE. Por la información que recibimos desde ya hace meses la judicatura afgana, y fundamentalmente las juezas, están siendo un claro ejemplo de lo que se llama violencia institucional que podría llegar a la letalidad. Se trata de una fuerza que, cuando esté nombrado el nuevo Gobierno, la fuerza talibán ejercerá su control desde esta estructura de poder y, por lo que parece, legitimándose con la interpretación más radical de la 'sharia', es decir, la ley islámica.

¿Por qué es necesario visibilizar su situación y proteger a las mujeres juezas?

Todo esto que le digo es el resultado de estos veinte años aunque hayan sido pocas. Son especialmente vulnerables por ser juezas y por ser mujeres. Ejercían hasta ahora una función pública, la judicial, trabajando fuera de sus hogares en relación con hombres que no eran de su familia, han hablado en público alguna vez, han promovido el acceso a la justicia de las mujeres de provincias y han defendido los derechos de otras mujeres. Nuestras colegas juezas saben que los talibanes primero atacarán a los militares y luego al Poder Judicial. Para personas que creemos en la justicia y la democracia tejer alianzas y alzar la voz a favor suyo es lo menos que podemos hacer. Representan el Poder Judicial y son la última garantía del cumplimiento de los DD HH. Han garantizado los derechos de la ciudadanía y necesitamos que no sean perseguidas en razón de su sexo. Garantizar su vida es garantizar la ciudadanía afgana de sus mujeres y de sus niñas. Su papel en el proceso de paz, que por fuerza se tiene que abrir a partir de ahora, deberá ser fundamental. EEU U y los talibanes ya las excluyeron de las reuniones sin poner sobre la mesa la necesidad de luchar contra la violencia machista. Y sólo llegará la confianza en la propia sociedad afgana y en su protección de derechos y libertades si intervienen las mujeres.

"La imposición de un sistema occidental en Afganistán ha logrado ciertos avances pero, como se ha visto, está fracasada"

Le he oído decir a usted que los magistrados deben ser capaces de discernir el riesgo a la hora de juzgar un hecho. ¿Considera que los talibanes son un peligro real para las mujeres y las niñas o cree que al estar en el ojo del huracán serán más indulgentes?

Son un peligro real, claro. Creo que hay que actuar de forma contundente. En la situación de las mujeres bajo los regímenes extremistas no hay ni trampa ni cartón. Las razones políticas que pudieran dulcificar esta situación son, sin duda, completamente rechazables en el caso de las mujeres y las niñas en Afganistán.
La sociedad afgana es muy compleja. No se puede analizar como una sucesión de etapas para tener una visión completa y de conjunto. Uno de los principales elementos de desconfianza por parte de Afganistán a todas las fuerzas occidentales que se han desplegado estos últimos años es precisamente la falta de respeto que se ha tenido a las costumbres locales más allá de si son contrarias o no al derecho internacional. Diré que la imposición de un sistema occidental en Afganistán ha logrado ciertos avances pero, como se ha visto, hoy en día, está fracasada. Se desconocía que había una falta total de fondos que en lugar de estar destinados a la población fueron asignados a la lucha contra Al Qaeda, talibanes y Estado Islámico. Hay un altísimo grado de corrupción incluso en las instituciones que han generado una gran desconfianza de la ciudadanía a las instituciones.

Aquí en Cataluña hemos tenido recientemente el asesinato de un niño de dos años en un hotel, presuntamente, a manos de su padre para dañar a la madre que había decidido separarse. ¿Qué opina sobre cómo debe afrontarse la denominada violencia vicaria?

Este tipo de violencia siempre se ha ejercido aunque no le habíamos puesto este nombre. De confirmarse lo que se está investigando nos encontraremos ante un escenario de violencia vicaria. Es un término reciente que crece de la psicología y se ha ido adentrando en la legislación, en sus razonamientos y en la argumentación jurídica. En Cataluña la violencia vicaria queda recogida en una ley que tiene un título muy sugerente. "Ley catalana de las mujeres a erradicar la violencia machista". Yo de hecho fui una de las expertas a la que le pidieron opinión acerca del proyecto. En el texto estaba definido pero no le habían puesto el nombre definitivo. Les pedí que llamaran a esto por su nombre: violencia vicaria. Cuando la madre decide separarse es el momento más difícil desde mi punto de vista. Los magistrados debemos ser muy cautelosos a la hora de valorar el riesgo cuando decidimos sobre el régimen de vistas. Apreciar si existe o no en función del contexto de violencia pasado en la relación porque así nos los imponen las normas internacionales en el ámbito del Consejo de Europa. Creo que la Delegación del Gobierno contra la violencia de género está haciendo un trabajo bastante importante sobre esta materia.

"El dictamen de la ONU contra la condena a Baltasar Garzón es un importante varapalo a la justicia española"

¿Qué opina del posible reingreso a la carrera judicial de Baltasar Garzón, tras el dictamen de la ONU contra su condena e inhabilitación?

No he podido ver la resolución del Comité de DDHH de las Naciones Unidas (UN). Hay un punto interesante que es ver si la resolución del Comité es o no vinculante porque es un texto emitido por un Comité y, al no ser un órgano judicial, se entiende que no es vinculante. Pero tenemos un precedente enlazándolo con el tema de la violencia vicaria que creo que es importante resaltarlo. Fue el caso de Ángela González Carreño, cuyo esposo y padre de su hija la mató durante el régimen de visitas y luego se suicidó. La madre agotó todas las vías judiciales internas. Ella consideró que el estado no había protegido suficientemente a su hija del riesgo que suponía el padre. Acudió al Comité CEDAW de UN que en julio de 2014 le dio la razón. Y estableció algunas cosas interesantes entre ellas reconocer como víctimas directas de la violencia de género a los hijos y a las hijas, que antes no era así.

Ángela volvió de nuevo al Supremo en 2017-2018 diciendo que tenía una alegación del Comité CEDAW que se tenía que cumplir. Pues bien, la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo en julio de 2018 vino a establecer la obligatoriedad, es decir, el carácter vinculante de las decisiones de los Comités de Naciones Unidas. Por tanto, aunque es una resolución judicial, sienta un precedente importante en nuestro ordenamiento jurídico al reconocer este carácter vinculante de las decisiones de los comités de UN, en este caso el de DDHH.

Sería un contrasentido que por un lado la Sala Cuarta reconociera este carácter vinculante y la obligación del estado de indemnizar a Ángela González por los fallos del sistema en la protección de su hija y que la Sala Segunda del Tribunal Supremo no reconozca este carácter vinculante del Comité de DDHH. Creo que sería un contrasentido bastante importante. Y además teniendo en cuenta que se trata de una resolución que afecta a un juez y que la decisión de este comité afecta a la imagen de la justicia española todavía es más destacado. No olvidemos que este dictamen de Naciones Unidas es un importante varapalo a la Justicia española.